Una de las medidas tomadas por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda fue incrementar la reserva obligatoria para vivienda protegida en las actuaciones de transformación urbanística, pasando en suelo urbano, del 10% la 20:00 % de edificabilidad residencial y en suelo rústico o en situación básica rural del 30 al 40 % de edificabilidad residencial. Esta reserva tiene su origen en la ley de suelo 2007. Sin embargo, su inutilidad se ha demostrado a largo de los años, porque casualmente, en aquellos años se inició el grave declive de la construcción de vivienda protegida, encontrándonos 20 años después con que en España solo el 10 % de las viviendas que se construyen son de protección oficial, mientras que los años 60, el 90 % vivienda que se construían eran de protección oficial. Estos datos son suficientes para darnos cuenta de que el problema de la falta de construcción de vivienda de posición oficial no tiene origen ni mucho menos en la existencia o no de suelo disponible para ello, sino en la inversión pública necesaria para construir las viviendas públicas necesarias que los españoles necesitan.
En el caso de Andalucía, esta cifra es igualmente triste, habiendo pasado de las 20.000 viviendas construidas de protección ofciial a finales de los años 70 a las menos de 1000 viviendas anuales construidas de Andalucía los últimos años.
Por tanto para que se construye vivienda de protección oficial lo primero que es importante es una gestión eficiente de los recursos públicos, dado que nuestras administraciones públicas posiblemente se encuentran en un momento histórico de máxima recaudación de fondos públicos, que al mismo tiempo se traduce en una pérdida de la calidad de los servicios públicos. Los fondos tienen que destinarse fundamentalmente a viviendas en alquiler a precio asequible, dado que actualmente es totalmente inviable que la mayoría de los matrimonios jóvenes puedan tener acceso a un crédito, así como las condiciones de financiación de la vivienda que no se superar el 80 %.
En definitiva, si las administraciones públicas reducen el gasto público innecesario y hacen una gestión eficiente de los recursos públicos, destinándolos de forma preferente a los pilares fundamentales de sanidad, justicia, educación y vivienda, en lugar de a otros gastos que son claramente prescindibles e innecesarios, en pocos años los españoles podrán acceder a una vivienda como nuestros padres y abuelos en los años sesenta y setenta. Para ello es necesario un drástico cambio de rumbo, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, que esperemos se produzca en un futuro no lejano.