El letrado de la Junta de Andalucía José Sánchez Síglez consideró que la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) deja más claro de lo que lo hacía la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) el reparto entre ayuntamientos y promotoras en relación al porcentaje de vivienda protegida que le corresponde a cada uno construir
Marbella, 16 de noviembre de 2023.- El letrado de la Junta de Andalucía y experto en vivienda protegida José Sánchez destacó que la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) “deja más claro que la LOUA” el reparto de las viviendas protegidas que deben hacer el Ayuntamiento y la propia promotora de los terrenos que se estén edificando. Y aclaró que de la edificabilidad total la empresa debe reservar el 30% para vivienda protegida; la construcción del 10% le corresponde a la administración local, mientras que del restante 20% se debe encargar la propia promotora. Se pronunció así durante su ponencia La vivienda protegida del XIX Curso de Urbanismo de Marbella organizado por el Instituto Español de Estudios de Urbanismo.
Durante su intervención aclaró que la “promoción pública de vivienda” que aparece en el Estatuto de Autonomía de Andalucía “no quiere decir viviendas de promoción pública” que son las que “entendemos todos que estás destinadas a las clases sociales de menor ingreso”. Y explicó que el objetivo es que “se deben hacer actuaciones públicas de promoción para que todos tengamos derecho a una vivienda”.
Apuntó también que la “competencia exclusiva” es de la comunidad autónoma y que las leyes que promulga el Estado son orientativas de modo que cada región “puede conveniar con el Gobierno central y recibir subvenciones para desarrollar, si lo estima conveniente, a lo que se refiera la administración nacional en esa legislación”.
Sánchez Síglez destacó otra parte la importancia que la vivienda protegida tiene dentro del urbanismo ya que sin ella “difícilmente conseguiríamos una sociedad, ciudad solidaria e integradora de todos”. Tanto es así que la actividad urbanística “señala directamente con el dedo que hay que hacer vivienda protegida”.
Esta nueva sesión del curso la completó Francisco Merino, arquitecto y ex jefe de Planeamiento del Ayuntamiento de Marbella, con su ponencia El plan parcial, un instrumento de planeamiento que “es una norma jurídica y de carácter reglamentario” lo que significa que es “una disposición capaz de regir conductas” aunque “no tenga rango de ley”.
Y para aclararlo aun más Merino explicó que “se puede ir a la cárcel por construir en una zona verde pública tanto si está dispuesto en un plan general como si lo está en un plan parcial”.